Una red cibercriminal que habría ejecutado más de 2.460 fraudes bancarios en Colombia fue desarticulada por la Policía Nacional tras diez meses de investigación. La operación, denominada “Resident”, permitió la captura de tres personas y el allanamiento de dos inmuebles en Medellín y Barranquilla, donde se incautaron equipos tecnológicos, tarjetas SIM y documentos con datos personales de las víctimas.

El impacto económico del fraude supera los 2.126 millones de pesos, según cálculos preliminares de los investigadores. Las autoridades estiman que al menos 1.100 personas fueron afectadas en distintas regiones del país, en su mayoría clientes de entidades financieras que fueron suplantadas por los delincuentes mediante técnicas de vishing (llamadas fraudulentas) y phishing (mensajes engañosos).

Un esquema sofisticado y silencioso

La estructura criminal operaba con un alto nivel de especialización. Uno de los integrantes, según fuentes judiciales, trabajaba en una entidad financiera y aprovechaba su cargo para acceder ilegalmente a bases de datos sensibles. Desde allí extraía información confidencial que luego era procesada en una especie de call center clandestino, donde otros miembros del grupo analizaban los perfiles, seleccionaban objetivos y realizaban llamadas para obtener claves, números de cuenta y otros datos críticos.

El uso de 96 tarjetas SIM y 15 celulares incautados en los allanamientos sugiere que la red tenía capacidad para operar múltiples líneas simultáneas, lo que facilitaba la suplantación de entidades bancarias y la ejecución de fraudes en cadena. Además, se encontró una libreta con registros manuscritos de víctimas, lo que indica un sistema de seguimiento y control interno.

Del acceso abusivo al hurto informático

Los capturados deberán responder por los delitos de fraude bancario, acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, y concierto para delinquir. La investigación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), con apoyo del Centro Cibernético Policial, y se basó en análisis forenses, rastreo de IPs, interceptaciones legales y testimonios de víctimas.

Según fuentes cercanas al caso, el grupo operaba con una lógica empresarial: roles definidos, horarios de operación, y protocolos para evitar ser detectados. “No era una banda improvisada. Tenían estructura, recursos y conocimiento técnico”, señaló un investigador que estaba al frente del caso en el reporte policial.

El rostro invisible del cibercrimen en Colombia

La operación “Resident” pone en evidencia el crecimiento del cibercrimen organizado en Colombia, donde las modalidades de fraude digital se han sofisticado al ritmo de la expansión tecnológica. Según cifras del Centro Cibernético Policial, en lo que va del año se han reportado más de 20.000 denuncias por delitos informáticos, con un aumento sostenido en casos de suplantación de identidad, extorsión digital y acceso no autorizado a sistemas.

En agosto, las autoridades capturaron en Barranquilla a tres presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Triple 8”, señalada de bloquear cajeros automáticos para obtener claves de usuarios y reemplazar sus tarjetas sin que lo notaran. En los allanamientos fueron incautadas más de 50 cédulas —algunas auténticas y otras falsificadas—, tarjetas bancarias, decenas de SIM cards y una libreta con datos personales. El grupo habría obtenido ganancias cercanas a los 50 millones de pesos mediante esta modalidad, lo que evidencia el crecimiento del cibercrimen en la región.

El uso de empleados internos para vulnerar la seguridad de entidades financieras representa un desafío adicional para la banca, que ha reforzado sus protocolos de ciberseguridad pero aún enfrenta brechas en la protección de datos. “El riesgo no solo está afuera, también puede estar adentro”, advierten expertos al respecto.

Las víctimas de esta red fueron contactadas por teléfono o correo electrónico, bajo la apariencia de funcionarios bancarios. En muchos casos, los delincuentes lograron obtener claves de acceso, realizar transferencias no autorizadas y vaciar cuentas en cuestión de minutos. Algunas personas perdieron sus ahorros, otras enfrentan procesos para recuperar fondos, y muchas aún desconocen que fueron afectadas.

La Policía Nacional ha reiterado el llamado a la ciudadanía para no entregar información confidencial por medios no verificados, y a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o la Línea Contra el Crimen (3178965523), con garantía de reserva.