La denominada Dark Economy extiende sus tentáculos en Latinoamérica con fraudes digitales, lavado de dinero y estafas cada vez más sofisticadas, impulsadas por inteligencia artificial, redes sociales y vacíos regulatorios que abren la puerta a redes criminales transnacionales a través de la banca tradicional y las fintechs.

El crimen financiero movió unos US$3,1 billones globalmente en fondos ilícitos a través del sistema financiero mundial en 2023, en tanto que las pérdidas por estafas y fraudes ascienden a unos US$485.600 millones, de acuerdo con cifras citadas en un informe de la firma israelí de protección contra el fraude BioCatch.

La Dark Economy se entiende como un tipo de crimen financiero, cada vez más sofisticado, que abarca transacciones para tráfico de personas, armas y drogas, fraudes digitales y estafas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero a través de “cuentas mulas” o empresas fachadas.

En América Latina, de acuerdo a la Encuesta sobre la Economía Oscura 2025 de BioCatch, el 74% de las instituciones financieras indica que los intentos de fraude están aumentando año tras año y cerca del 60% reporta crecimiento en las pérdidas por esos delitos.

En su informe, toma la opinión de 800 líderes en gestión de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento normativo de bancos en 17 países de cinco continentes.

Los fraudes digitales y el lavado de dinero son los crímenes más reportados, con un alto componente de uso de herramientas tecnológicas para la obtención de los recursos, luego para dificultar el rastreo por las autoridades y finalmente escondiendo esos recursos mediante uso de billeteras digitales, criptomonedas y/o fintechs para su posterior uso.

“Existe una baja barrera de entrada para nuevos actores criminales gracias a herramientas tecnológicas como la IA, que permiten acceso a casi cualquier persona para procesamientos elaborados y en tiempo real”, dijo a Bloomberg Línea Josué Martínez González, global advisor para BioCatch en la región.

“Existe también una vertiente del fraude digital como servicio que posibilita el uso de herramientas sofisticadas mediante una suscripción”.

Los criminales están encontrando un terreno fértil para estos ataques ante las deficiencias regulatorias y un alto componente de impunidad e incluso colusión con algunas autoridades, comentó Martínez González.

“Otro de los elementos es la falta de colaboración efectiva entre gobiernos, instituciones financieras y organismos reguladores”, dijo el analista de BioCatch.

Una reciente operación policial en la avenida Faria Lima, el corazón financiero de São Paulo, expuso cómo el crimen organizado en Brasil está usando fondos de inversión y fintechs para lavar dinero a gran escala.

A finales de agosto, la Policía Federal de Brasil lanzó una amplia ofensiva contra el crimen organizado en toda la cadena de suministro de combustible del país, exponiendo transacciones ilícitas por un total de más de R$23.000 millones (US$4.200 millones).

Los fiscales apuntan a que el cártel brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltró en la distribución de combustible, usando esquemas de evasión fiscal que permiten a los conductores acceder involuntariamente a gasolina más barata.

«Las fintechs operaban con sistemas de contabilidad paralelos, permitiendo transferencias entre empresas y particulares sin identificar a los beneficiarios finales», indicó la Fiscalía de São Paulo en un comunicado

El caso ilustra cómo la economía oscura se infiltra en los segmentos más dinámicos de las finanzas digitales de Latinoamérica, aprovechando la rápida expansión del sector para mover y ocultar activos ilícitos con creciente sofisticación.

Un crimen que toma fuerza

«La Dark Economy es un tema que, lamentablemente, toma cada vez más relevancia en Latinoamérica. No es algo nuevo, pero sí se ha sofisticado mucho. Y lamentablemente estamos viendo cómo nuestro continente también hace resaltar algunos países», dijo a este medio Diego Ossa, gerente de país y director de estrategia para la subregión de Latinoamérica y el Caribe en Stefanini Group.

El gerente de la multinacional tecnológica brasileña dijo que el principal blanco a nivel de usuarios es la población digitalizada, incluyendo la Generación Z.

Uno de los riesgos es que muchas entidades en la región no realizan de manera completa el proceso de know your customer (conocer a su cliente), lo que facilita que estas estructuras se integren incluso en la cadena financiera formal, convirtiéndose en eslabones difíciles de diferenciar entre lo legítimo y lo fraudulento.

Además, advirtió que los delitos más comunes vinculan datos personales a compañías o servicios de fachada.

“Accediendo a estos mecanismos básicos, logran enmascarar la identidad de una empresa y obtener fondos que terminan dentro de organizaciones criminales”, indicó el ejecutivo Diego Ossa

Por lo tanto, considera que es «un fenómeno complejo que requiere gestión y responsabilidad, tanto de las personas como de las organizaciones«.

Redes criminales complejas

Los principales responsables son redes criminales organizadas, no individuos aislados, que operan desde distintos países con un alto componente de transferencias internacionales mediante billeteras digitales, criptomonedas e inversiones.

En estas organizaciones se observa una colaboración estructurada, en la medida en que generalmente un grupo especializado ejecuta la primera fase del delito y luego transfiere la tarea a otro grupo experto en gestión financiera y lavado de activos, que se encarga de legitimar los recursos ilícitos.

El 43% de las instituciones financieras rechaza más de 10 millones de dólares estadounidenses en reclamaciones por fraude cada año, según la encuesta global de BioCatch

Los consumidores sufren pérdida de confianza, exposición a fraudes y menor protección si las entidades financieras no comunican sus esfuerzos de seguridad, advierte.

En 2024, según BioCatch, las estafas relacionadas con estas estructuras se incrementaron un 32% en la región frente al año anterior, con alzas en Colombia y Argentina y caídas en Perú y Ecuador.

«Desde luego, no existe una sola herramienta tecnológica que por sí sola sea la solución a todo. La estrategia que muchas instituciones financieras están adoptando es utilizar capas de distintas tecnologías«, dijo el analista Martínez González.

En este sentido, explicó que una autenticación robusta, un monitoreo activo y herramientas que proporcionan inteligencia transaccional son claves para hacer frente a estas amenazas.

Las regulaciones facilitan los delitos financieros

Según la encuesta de BioCatch, el 89% de los encuestados cree que se necesita más intervención regulatoria para combatir el lavado de dinero.

Obstáculos como las leyes de privacidad, el riesgo de filtración y el uso indebido de datos limitan la colaboración entre estas entidades financieras.

En cuanto a las regulaciones sugeridas en la encuesta por las empresas de la industria, destaca la necesidad de una mayor supervisión de las entidades no financieras.

Asimismo, piden aumentar los requisitos tecnológicos avanzados, mejorar los protocolos estándar de seguridad y robustecer las políticas de diligencia debida y la compartición de información.

«Se debe promover la adaptación regulatoria ante nuevos retos, ya que no existe una evolución de las normas y leyes para permitir la identificación de estos delitos financieros», comentó Martínez González.

En su opinión, el problema al que se enfrenta actualmente, sobre todo, es que las autoridades «tienen limitaciones en las capacidades de investigación y procesamiento de grandes volúmenes de datos y la interconexión de los mismos».